A diez años que la SCJN lo declaró inconstitucional, quiere Gaona revivir delito de “halconeo” en Michoacán

Morelia, Michoacán.- El diputado petista Baltazar Gaona García, quiere revivir el delito de “halconeo” en el estado, ello a diez años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional en Michoacán.

Dicho delito ya había sido incorporado en el Código Penal que aprobó en 2014 la LXXII Legislatura en el marco de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal. Ahí se sancionaba con pena de prisión de 4 a 12 años y multa de 100 a 600 días de salario mínimo a cualquier persona que obtuviera o proporcionara información sobre actividades de las fuerzas armadas o cuerpos de seguridad pública.

Ante ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad 9/2014. La mayoría de los ministros de Corte el seis de julio de 2015 consideraron que este tipo de delitos son inconstitucionales, toda vez que vulneran los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, particularmente afectan la labor periodística.

Para entonces los ministros estimaron que los diputados de Michoacán se habían extralimitado en sus funciones, debido a que un Congreso local no tiene facultad para legislar en torno a la labor que realizan las fuerzas armas, ni en materia de libertad de expresión.

Consideraron que dicha disposición “viola el principio de taxatividad” debido a que su redacción era muy genérica y que puede incluir como ilegales y por lo que deberían ser castigadas, las actividades lícitas que realizan autoridades de seguridad, fuerzas federales e incluso periodistas.

Ahora, en la iniciativa de Gaona -a presentarse el próximo miércoles ante el Pleno- la redacción varía a la de 2014, incorporando de manera específica a la delincuencia.

El petista propone:

“Comete el delito de halconeo, quien aceche, vigile, espíe, persiga, proporcione o realice actos tendientes a obtener información de manera injustificada, sobre las actividades oficiales de las Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Publica, Corporaciones Auxiliares de la Seguridad en el Estado o de comunidades ciudadanas o indígenas, con la finalidad de informar y alertar a delincuentes o miembros de alguna asociación delictuosa u organización criminal, con la finalidad de que estos puedan evadir una posible detención o para planear la ejecución de algún delito o para evitar el cumplimiento de las funciones de las corporaciones de seguridad pública”.

La pena que está planteando es de tres a siete años de prisión, y una sanción de 200 a 500 UMAs, así como el pago total de la reparación del daño y perjuicios ocasionados.

En la exposición de motivos de su propuesta apunta que el halconeo se ha convertido en una actividad que propicia aún más la violencia, “ya que consiste en la vigilancia, acecho o transmisión de información sobre operativos de seguridad para obstaculizar la acción de las autoridades y favorecer la comisión de diversos delitos”.

Agrega que dicha práctica ilegal continúa vigente, e incluso ha evolucionado con el uso de nuevas tecnologías de comunicación, “lo que evidencia la necesidad de actualizar el marco normativo para evitar que los grupos criminales sigan obteniendo ventaja sobre las instituciones de seguridad pública mediante el uso de tecnología no regulada”.