México impulsará políticas oceánicas para un futuro sostenible, reafirmando su compromiso en la conferencia de la ONU.

Ciudad de México.-México ha reafirmado su compromiso con la protección de los océanos, presentando acciones transformadoras y compromisos voluntarios para la regeneración ecológica en beneficio de las comunidades.

Durante la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos, que concluyó recientemente, la delegación mexicana, liderada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, subrayó la importancia de una política ecológica centrada en el bienestar y la justicia social para la conservación marina.

En nombre del gobierno de Claudia Sheinbaum, los funcionarios destacaron la necesidad de una transformación estructural del sistema económico y social para proteger los mares. Entre las acciones propuestas, se incluye la implementación del Programa Nacional de Restauración Ambiental, con el objetivo de recuperar más de 125 mil hectáreas de manglares, arrecifes y otros ecosistemas.

Además, México planea publicar la nueva Política Nacional de Mares y Costas, que servirá como guía estratégica para integrar biodiversidad, economía azul, resiliencia climática y bienestar costero. La estrategia también contempla la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030, que busca prevenir la contaminación marina y dignificar el trabajo comunitario.

La delegación mexicana también presentó avances en soluciones basadas en la naturaleza, como corredores ecológicos de manglares y macroalgas, acuacultura regenerativa y nuevas figuras de conservación comunitaria. Se destacó la innovación circular para el sargazo, con la propuesta de una planta de tratamiento en Quintana Roo, en colaboración con República Dominicana y otros países del Caribe.

Alicia Bárcena firmó el Llamado a la Acción de Niza para apoyar el Tratado Global sobre Plásticos, reafirmando el compromiso de México con un instrumento legalmente vinculante basado en criterios científicos.