Una profunda crisis de confianza se ha desatado entre la población fronteriza luego de que las autoridades localizaran más de 380 cadáveres dentro de una funeraria en condiciones irregulares. El hallazgo ha generado angustia entre decenas de familias, que ahora dudan si realmente despidieron a sus seres queridos o si fueron víctimas de un engaño.

La operación comenzó tras reportes de olores fétidos provenientes de un inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa. Agentes municipales y estatales, al ingresar al sitio, encontraron cuerpos embalsamados acumulados sin refrigeración, distribuidos en distintas habitaciones del edificio, lo que derivó en la clausura inmediata del lugar y la apertura de una investigación.

Aunque en un inicio se hablaba de varias decenas, con el avance de las diligencias se confirmó la existencia de 381 cadáveres, todos sin signos de violencia, pero conservados en condiciones contrarias a la normativa sanitaria. Las instalaciones, aunque contaban con permiso estatal para operar, no tenían autorización municipal para funcionar como crematorio, lo que agravó la situación legal del establecimiento.

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Para muchas familias, la noticia ha traído de vuelta el dolor. Algunos dudan si las urnas que recibieron contienen realmente las cenizas de sus familiares o si fueron sustituidas por restos ajenos o incluso materiales sin relación alguna. Casos como el de una familia que denunció haber velado a un desconocido han encendido el clamor por justicia.

“Pensamos que habíamos cerrado un ciclo. Hoy no sabemos a quién lloramos”, dijo uno de los afectados ante medios locales.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) reconoció la gravedad del manejo de los cuerpos, mientras que la Fiscalía continúa las investigaciones para deslindar responsabilidades. Una persona ha sido detenida para declarar en torno a lo ocurrido, y se ha ordenado la revisión de los documentos de ingreso y disposición de cada cuerpo.

Aunque las autoridades sostienen que no se han detectado delitos violentos vinculados a los restos, el hecho ha generado una ola de desconfianza generalizada hacia los servicios funerarios, especialmente entre quienes contrataron el servicio en años recientes.

Ante el creciente número de reclamos, familiares piden acceso a pruebas de ADN para confirmar la identidad de los restos que les fueron entregados. El caso, que ya circula ampliamente en medios nacionales, ha reabierto viejas heridas y ha puesto en duda la supervisión institucional sobre estos servicios en el estado de Chihuahua.

Fuente: El Heraldo de México