Ayli Caballero Ortiz, estudiante de Derecho del Tecnológico de Monterrey, presentó una propuesta legislativa que plantea tipificar este tipo de violencia dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Habla de un contexto donde las leyes suelen ignorar las múltiples capas de discriminación que enfrentan ciertos grupos, una iniciativa ciudadana busca corregir una omisión histórica: el reconocimiento legal de la violencia étnico-racial contra mujeres indígenas y afrodescendientes en Nuevo León.

La joven subraya que el marco legal actual no contempla los cruces entre género, etnicidad y racismo, lo cual deja en vulnerabilidad a miles de mujeres en el estado.“Noté que hacía falta un enfoque interseccional en nuestras leyes. La violencia que viven las mujeres indígenas o afrodescendientes no es igual a la de otras mujeres. Es una violencia que está atravesada por el racismo y por la exclusión estructural”, explicó Ayli al entregar su propuesta.

Organizaciones como Zihuakali, Casa de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, respaldaron la iniciativa. Rufina García Miguel, representante del colectivo, señaló que cerca de 300 mil mujeres indígenas viven en Nuevo León, muchas de las cuales enfrentan barreras invisibles, pero profundamente reales para acceder a derechos básicos como salud, educación, empleo y justicia.

“Faltan mecanismos con pertinencia cultural y un enfoque diferencial. Es urgente que las instituciones reconozcan que no se puede garantizar justicia sin comprender las particularidades de cada contexto”, afirmó García Miguel.

La propuesta también obtuvo respaldo institucional. La diputada panista Itzel Castillo anunció que buscará reunirse con autoridades de la Fiscalía General del Estado para impulsar cambios que permitan una atención digna, accesible y sin discriminación para mujeres indígenas y afrodescendientes, especialmente en casos de violencia o feminicidio.

“Si ya es difícil para cualquier persona acceder a la justicia, imaginen lo que significa hacerlo sin traductor, sin acompañamiento, y siendo discriminadas por tu lengua o tu color de piel. Eso no puede seguir pasando en el 2025”, puntualizó la legisladora.

La entrega de la iniciativa estuvo acompañada también por África Elizondo y Antonia Silva, activistas de Zihuakali, quienes insistieron en que esta propuesta es un primer paso para romper el silencio que ha permitido que la violencia étnico-racial permanezca sin nombre, sin ley y sin consecuencias.

Fuente: Publimetro México