El homicidio en Puebla de una mujer argentina por un adolescente de 12 años ha causado conmoción pública.

Un adolescente de 12 años, alumno del Instituto Oriente, ha sido vinculado a proceso como el presunto homicida de Natalia Andrade, una ciudadana argentina que trabajó como funcionaria del gobierno municipal de Puebla entre 2014 y 2016. El trágico suceso tuvo lugar el 2 de marzo en el hogar de la víctima, ubicado en el fraccionamiento Querétaro, en Lomas de Angelópolis.

Durante la audiencia realizada el miércoles pasado en la Sala Especializada para Adolescentes, el menor compareció acompañado de su tutor legal y un abogado. Según las versiones preliminares presentadas a las autoridades, el niño habría entrado a la casa de Andrade como parte de un reto de sus compañeros del colegio Oriente, quienes le pidieron grabar a la mujer. Al ser descubierto dentro del inmueble, presuntamente la atacó, causándole un traumatismo fatal.

Los primeros informes indican que el menor, vecino de la víctima, fue captado usando un pasamontañas por cámaras de seguridad de casas cercanas y dispositivos instalados en la residencia de Natalia Andrade. La Fiscalía también está investigando si el delito podría ser reclasificado como feminicidio.

El caso ha causado conmoción pública debido a la juventud del presunto agresor y al contexto en el que ocurrió el crimen. Natalia Andrade, de 44 años, era licenciada en Ciencias Políticas y trabajó en Relaciones Públicas durante la gestión del entonces alcalde José Antonio Gali Fayad. Su cuerpo fue hallado por una amiga que fue a buscarla tras notar su ausencia en una audiencia legal sobre la custodia de su hijo de 11 años. El guardia del fraccionamiento informó que llevaba días sin ser vista.

El Instituto Oriente, una escuela de orientación jesuita, emitió un comunicado lamentando la muerte de Natalia Andrade. La institución afirmó que no emitirá juicios anticipados, pero reiteró su rechazo a cualquier acto ilícito y su disposición a colaborar con las autoridades.

“La muerte de Natalia es un hecho doloroso por sí mismo, que nos afecta a todos porque deja al descubierto el muy lamentable deterioro del tejido social”, declaró el plantel educativo.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, el adolescente fue sometido a medidas cautelares: prohibición de salir del estado de Puebla, vigilancia por parte de sus tutores y restricción de contacto con testigos. Según el marco legal vigente, si es declarado culpable, el menor sería recluido en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), bajo un esquema de rehabilitación.

Esta mañana, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó en rueda de prensa que el menor ya fue vinculado a proceso y su familia ha realizado el cambio de domicilio solicitado por el juez como medida de protección.

Finalmente, el juez de la causa ha dictaminado un plazo de dos meses para la investigación complementaria, que concluirá el próximo 18 de agosto.