La integración de la Guardia Nacional a la Sedena busca fortalecer la seguridad pública con personal militar y formación policiaca

Ciudad de México.- La aprobó en lo general el dictamen que integra a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con 349 votos a favor, 132 en contra y ninguna abstención, se establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública compuesta por personal militar con formación policiaca.

Este dictamen establece que la Guardia Nacional se regirá por el reglamento de reclutamiento de las Fuerzas Armadas, y que los grados militares se homologarán, permitiendo la presencia de generales, jefes y oficiales, al igual que en la Sedena o Semar.

En relación al artículo 44 de la ley, que permite a elementos del Ejército participar en cargos de elección popular, las bancadas aclararon que este artículo existía antes de la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena.

Ahora, los elementos que se unan a las Fuerzas Armadas podrán solicitar licencia para participar en dichos cargos, siempre que cumplan con los tiempos de separación estipulados por la constitución.

Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia, indicó que la Ley de la Guardia Nacional propone que esta fuerza forme parte de las instituciones policiales de los tres niveles de gobierno, lo que significa coordinación con protocolos compartidos, tareas definidas bajo supervisión conjunta, y una seguridad más efectiva con mayor capacidad y equipamiento.

“La Ley de la Guardia Nacional establece que los fines de dicho cuerpo policial son salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades, generar el orden público y la paz social”, expresó.

Por otro lado, la oposición del PRI y PAN criticó el dictamen, calificándolo de autoritario y un paso hacia la militarización del país.

Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, destacó que la Guardia Nacional contraviene los convenios internacionales y recomendaciones de organismos de Derechos Humanos, advirtiendo sobre riesgos para la paz y las garantías individuales.

Diputados como Arturo Yáñez, Graciela Ortiz, Emilio Lara y Verónica Martínez afirmaron que la creación de la Guardia Nacional responde a la falta de recursos del gobierno para constituir una policía civil, optando por utilizar la infraestructura del Ejército.

La oposición exigió la publicación de la reforma al artículo 123 constitucional para asegurar un salario digno de 17 mil 500 pesos para los policías municipales y estatales, junto con prestaciones, mejorando así las condiciones de los elementos civiles de seguridad.