El feminicidio de Maritza Espino y la desaparición de sus hijas siguen sin avances concluyentes, generando exigencias de justicia y eficacia en las investigaciones.

Morelia, Michoacán.- El fiscal General del Estado, (FGE), Carlos Torres Piña, consideró que el presunto feminicida de Maritza Espino, cuyo cadáver fue localizado el pasado 29 de noviembre en un río de Uruapan, podría ser su esposo, Luis Felipe.

En rueda de prensa, Carlos Torres Piña recordó que la denuncia por la desaparición de Maritza fue presentada el 26 de noviembre, y agregó que “a ella se le vio por ocasión el día 24 de noviembre”.

Pese al tiempo transcurrido y a la gravedad del caso, la FGE no presentó avances concluyentes sobre la ubicación de sus dos hijas desaparecidas: Sofía Camila, de 6 años y Natalia, de 4 años.

Afirmó que, desde el domingo posterior al hallazgo del cadáver de Maritza, “se han estado haciendo las diligencias y las investigaciones correspondientes”, involucrando a la Fiscalía de Desaparecidos, la Fiscalía de Feminicidios y la Fiscalía Regional.

Sin embargo, no se detalló el tipo de operativos, zonas de búsqueda o apoyos federales solicitados para la localización de los menores.

El fiscal explicó que ya se solicitaron “las alertas respectivas a nivel nacional”, aunque la implementación de estas alertas no fue acompañada de información sobre su alcance o resultados preliminares.

Detalló también que “todo indica que al parecer la pareja sentimental es la que está involucrada”, pero no precisó si existe una orden de aprehensión, si se encuentra prófugo o si está detenido.

Según relatos, en días recientes, Luis Felipe habría intimidado a Maritza con un arma mientras sostenía a una de las niñas, situación que detonó su decisión de separarse.

Pese a que la víctima había interpuesto denuncias y había solicitado protección legal, su solicitud no impidió el desenlace fatal.

Tras su desaparición, se activaron los protocolos de alerta correspondientes, pero el hallazgo tardío y las condiciones en que fue encontrada dejan dudas sobre la eficacia del sistema de protección y prevención de violencia de género.

El caso ha generado la exigencia pública de avances judiciales inmediatos, mientras las autoridades estatales afirmaron que la investigación está en curso y prometieron llevar a los responsables ante la justicia.

Mientras tanto, familiares intentan mantener viva la esperanza de localizar a las niñas, y han renovado los llamados a la población para aportar cualquier pista que permita dar con su paradero.