Ángel Cabrera Mendoza será el nuevo presidente de la CNBV, asumirá el cargo en medio de controversias en la institución por presunto lavado de dinero; buscará fortalecer el sistema financiero.
Ciudad de México.-El 22 de agosto, Ángel Cabrera Mendoza fue nombrado oficialmente como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este nombramiento ha ganado atención debido a las recientes controversias sobre presunto lavado de dinero que han afectado a la institución.
El nombramiento se da en un contexto de controversia, luego de que el gobierno de Estados Unidos señalara a CI Banco, Intercam y la casa de bolsa Vector por supuestas operaciones relacionadas con cárteles del narcotráfico.
Ángel Cabrera Mendoza asumirá el cargo el 1 de septiembre de 2025, reemplazando a Jesús de la Fuente Rodríguez. Su misión será fortalecer el sistema financiero para que responda a las demandas de los usuarios, los desafíos de la innovación tecnológica, los cambios en los mercados, y la supervisión en la prevención de lavado de dinero, además de restaurar la confianza pública en las instituciones financieras.
Trayectoria de Ángel Cabrera Mendoza
Cabrera Mendoza cuenta con una vasta experiencia en la Administración Pública Federal y en organismos reguladores financieros. Ha ocupado cargos directivos en la Secretaría de Hacienda, como en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros y la Subsecretaría de Egresos.
Además, ha tenido una destacada carrera en el sector público, desempeñándose en la Procuraduría Fiscal de la Federación, Pemex, la Subsecretaría de Egresos de Hacienda y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Inició su carrera en el Servicio Profesional de Carrera de la SHCP en 2011, asegurando el cumplimiento de obligaciones de transparencia y acceso a la información en la Subsecretaría de Egresos.
En 2019, se unió a la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde fue responsable de elaborar iniciativas legales y disposiciones regulatorias para instituciones financieras, así como medidas para prevenir operaciones con recursos ilícitos y financiamiento al terrorismo.
